{"id":1552,"date":"2023-01-11T10:35:00","date_gmt":"2023-01-11T09:35:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.lexcapital.it\/antitrust-y-litigation-funding-una-union-cada-vez-mas-estrecha-en-europa-e-italia\/"},"modified":"2024-05-06T14:01:47","modified_gmt":"2024-05-06T12:01:47","slug":"antitrust-y-litigation-funding-una-union-cada-vez-mas-estrecha-en-europa-e-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lexcapital.it\/es\/antitrust-y-litigation-funding-una-union-cada-vez-mas-estrecha-en-europa-e-italia\/","title":{"rendered":"Antitrust y litigation funding: una uni\u00f3n cada vez m\u00e1s estrecha en Europa e Italia"},"content":{"rendered":"\n

En nuestro sistema jur\u00eddico, el mayor obst\u00e1culo para el desarrollo del third party litigation funding<\/a><\/strong> se ha identificado en la duraci\u00f3n dif\u00edcilmente previsible<\/strong> (a menudo especialmente larga) de los procedimientos<\/strong>, que impide efectuar<\/strong> una evaluaci\u00f3n probable del rendimiento de la inversi\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n

Sin embargo, este fen\u00f3meno tambi\u00e9n est\u00e1 empezando a arraigar en nuestro sistema<\/strong> aunque con inversiones que por el momento puede decirse que son espor\u00e1dicas y a\u00fan no est\u00e1n bien asentadas, salvo algunas excepciones.<\/p>\n\n

En particular, se ha observado que en el mercado italiano<\/strong> han empezado a aparecer nuevos fondos<\/strong>, puramente nacionales que han orientado sus actividades hacia el arbitraje y los litigios nacionales<\/strong>.<\/p>\n\n

De hecho, loslitigios<\/a> italianos<\/strong> tienen, al igual que los litigios en otras jurisdicciones, ventajas considerables<\/strong>: los cost<\/strong>es de litigio son relativamente bajos<\/strong>, un factor que en el contexto de la financiaci\u00f3n de litigios por terceros<\/strong> es una ventaja definitiva<\/strong> en t\u00e9rminos de rentabilidad de la inversi\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n

Antitrust y litigation funding: sector privilegiado<\/strong><\/h2>\n\n

En este contexto, entre los sectores m\u00e1s importantes para la financiaci\u00f3n de litigios<\/strong>, pueden identificarse la infracci\u00f3n del derecho antitrust<\/strong> y la correspondiente acci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios<\/strong> por dos razones<\/strong>.<\/p>\n\n

La primera<\/strong> radica en las recientes intervenciones jurisprudenciales y normativas<\/strong> que han cambiado la fisionom\u00eda de los litigios antitrust<\/strong>.<\/p>\n\n

Como es bien sabido, la introducci\u00f3n de la ley de competencia<\/a><\/strong> – la ley 10 octubre 1990, n\u00b0. 287 – no ha tenido un impacto especialmente elevado en cuanto al volumen de asuntos<\/strong>.<\/p>\n\n

Por el contrario, el verdadero desarrollo del fen\u00f3meno<\/strong> se debe a las sentencias<\/a> del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea de 20.9.2001, asunto n.\u00ba C453\/99, y de 13 de julio de 2006, asunto n.\u00ba C-295\/04, a la que sigui\u00f3 la Directiva 2014\/104\/UE<\/a>, desarrollada a trav\u00e9s del D.L. 3\/2017<\/a>, con respecto a las acciones de da\u00f1os y perjuicios por actividades contrarias a la competencia<\/strong>.<\/p>\n\n

Para el desarrollo de los litigios y del third party litigation funding parece especialmente relevante el papel que ahora desempe\u00f1a la Autoridad Garante de la Competencia, competente en este \u00e1mbito<\/strong>.<\/p>\n\n

De hecho, se establece que la decisi\u00f3n emitida por la Autoridad<\/strong> es vinculante para los tribunales nacionales<\/strong>, aunque, por supuesto susceptible de recurso ante el tribunal administrativo<\/strong>.<\/p>\n\n

Antes de esta intervenci\u00f3n reglamentaria<\/strong>, la decisi\u00f3n<\/strong> de la AGCM s\u00f3lo pod\u00eda considerarse un acto administrativo<\/strong>, libremente evaluable por el juez ordinario llamado a pronunciarse sobre la reclamaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios, a quien correspond\u00eda, por tanto, la comprobaci\u00f3n de la conducta il\u00edcita con la consiguiente extensi\u00f3n de la duraci\u00f3n del proceso.<\/p>\n\n

Evidentemente, la circunstancia de que la decisi\u00f3n de la AGCM<\/strong>, dictada en el marco de un procedimiento menos complejo y menos costoso<\/strong> que el judicial, pueda tener fuerza vinculante, hace que los litigios en materia de defensa de la competencia sean especialmente favorables al desarrollo del fen\u00f3meno del third party litigation funding<\/strong>.<\/p>\n\n

El segundo elemento se refiere a la reforma de la Acci\u00f3n colectiva, prevista por el C\u00f3digo de consumo<\/a> en el art. 140 bis y profundamente modificada por la ley 31\/2019 que, insertando el T\u00edtulo VIII bis del Libro IV en el C\u00f3digo de procedimiento civil, con los arts. 840 bis y siguientes extendi\u00f3 en los procedimientos colectivos<\/strong> la legitimaci\u00f3n activa tambi\u00e9n a los no consumidores<\/strong>, aunque siempre en el \u00e1mbito de la actividad<\/strong>empresarial<\/strong>, para la tutela de derechos individuales homog\u00e9neos lesionados por actos o conductas ejecutados por empresas<\/strong> o entidades gestoras de servicios p\u00fablicos o de utilidad p\u00fablica.<\/p>\n\n

Antitrust: la legislaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n

La legislaci\u00f3n<\/strong> debe leerse en conjunci\u00f3n con las normas antitrust<\/strong> y, en particular, con las normas sobre la carga de la prueba, que se ve aliviada en los casos de c\u00e1rteles antitrust, ya que existe un sistema de presunciones simples en cuanto al da\u00f1o y al nexo causal entre el da\u00f1o y la conducta perjudicial, aunque se admite la prueba en contrario.<\/p>\n\n

Aunque por el momento no se observa una actividad significativa ante la AGCM, la introducci\u00f3n de las demandas colectivas en nuestro ordenamiento jur\u00eddico ha permitido un desarrollo embrionario del third party litigation funding<\/strong> en demandas colectivas por da\u00f1os sufridos debido a casos de c\u00e1rtel<\/strong>.<\/p>\n\n

De hecho pueden observarse en el mercado nacional demandas colectivas por da\u00f1os y perjuicios<\/strong> causados por infracciones de las normas antitrust<\/strong> a ra\u00edz de decisiones de la AGCM dirigidas por fondos especializados en la financiaci\u00f3n de litigios.<\/p>\n\n

Un caso conocido<\/strong> y especialmente reciente es el de la decisi\u00f3n n\u00b0. 27849 del 2019 de la AGCM<\/a> que sancion\u00f3 a varias empresas por haber \u00abpuesto en marcha un acuerdo por objeto restrictivo de la competencia<\/strong> contrario al art\u00edculo 101 TFUE, consistente en un acuerdo \u00fanico y complejo continuado en el tiempo destinado a distorsionar fuertemente la din\u00e1mica competitiva en el mercado de la producci\u00f3n y<\/strong>comercializaci\u00f3n de planchas de cart\u00f3n ondulado<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n

Hay muchas empresas implicadas en la decisi\u00f3n de la Autoridad<\/strong>, que tambi\u00e9n incluye algunos casos de solicitante de clemencia<\/strong>, al igual que son elevadas las sanciones dictadas contra los implicados.<\/strong><\/p>\n\n

As\u00ed es evidente<\/strong>, la combinaci\u00f3n del papel desempe\u00f1ado por la Autoridad Garante de la Competencia y la aplicaci\u00f3n privada<\/strong> fuertemente alentada por los nuevos medios procesales puestos a disposici\u00f3n por los recientes cambios legislativos<\/strong>.<\/p>\n\n

El resultado<\/strong> es, de hecho, un aumento del valor disuasorio de la acci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios<\/strong> que refuerza la medida<\/strong>, finalmente vinculante para el tribunal de m\u00e9rito, dictada por la Autoridad administrativa<\/strong>.<\/p>\n\n

Todos estos elementos no hacen sino confirmar al sector antitrust como uno de los m\u00e1s adecuados para el desarrollo del third party litigation funding<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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